La jueza de Estados Unidos, Loretta Preska falló esta semana a favor del fondo Burford Capital y en contra de la Argentina que ahora deberá enfrentar el pago de 16 mil millones de dólares como indemnización por lo que fue en 2012 la estatización de YPF.
En un durísimo revés contra el país, la jueza Preska falló a favor del fondo Burford Capital y aplicó el monto máximo esperado de la indemnización.
La expropiación de YPF se realizó bajo la presidencia de Cristina Kirchner y con el actual gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, al frente del Ministerio de Economía.
Burford Capital es de un bufete de abogados que se presentó en los tribunales con los derechos de Petersen Energía, que tenía el 25% de YPF antes de su expropiación.
En junio de 2019, la Corte Suprema de Estados Unidos rechazó un pedido de la Argentina para ponerle fin a la demanda de los ex accionistas de YPF.
Ahora, a partir del próximo lunes, los representantes del Estado Nacional tendrán la oportunidad de apelar o negociar y el Burford Capital podrá empezar a aplicar embargos sobre los activos soberanos.
Tras la noticia, las acciones de Burford tuvieron un salto superior al 30% en la plaza londinense, mientras que las de YPF corren la suerte inversa.
Cómo votaron los legisladores por San Luis en 2012
Cuatro de los cinco diputados nacionales estuvieron presentes en el Congreso el día que discutió el proyecto del kirchnerismo para estatizar YPF.
Esos diputados nacionales fueron (foto) Nora Videla, Sergio Pansa, Alberto Pérez y Walter Aguilar. Los cuatro legisladores votaron en contra de la estatización. La quinta legisladora por San Luis, Ivana Bianchi, faltó a esa sesión.
La iniciativa llegó al Senado para su tratamiento el 3 de mayo de 2012. Allí estaban Adolfo Rodríguez Saá, Liliana Negre de Alonso y Daniel Pérsico.
Tanto Rodríguez Saá –cuyo discurso se comparte en este artículo– como Negre de Alonso votaron en contra. Por su parte, Daniel Pérsico votó a favor de la estatización por la que hoy Argentina enfrenta el pago de una indemnización por 16 mil millones de dólares.
Fundamentación del voto del senador Adolfo Rodríguez Saá
