La diputada provincial, Eugenia Gallardo reclamó responsabilidad de parte de los legisladores del oficialismo que impulsan la aprobación de una ley para que, a 90 días de dejar el gobierno, Alberto Rodríguez Saá pueda incorporar nuevos empleados a la administración pública provincial, utilizando de excusa la necesidad de los trabajadores de los planes sociales y las promesas hechas por sus funcionarios en plena campaña electoral.
El proyecto que impulsa un grupo de legisladores que responde a Rodríguez Saá “no les va a dar solución a su situación actual, ni futura -por los trabajadores de planes sociales- y lo que es peor, genera una enorme fragilidad fiscal, que pone en riesgo real el normal funcionamiento del estado, el pago de médicos, de docentes, de policías, de medicamentos, etc.” aseguró la dirigente de Avanzar y legisladora del bloque Unidos por San Luis.
Y advirtió que “la Ley tampoco soluciona el problema de aquellas personas que ya firmaron contratos en estos meses, porque no tiene efecto retroactivo sino hacia futuro, por lo que esos contratos no son válidos y los funcionarios que los engañaron y los hicieron firmar esos contratos cometieron fraude, porque sabían que no tenían el sustento legal correspondiente y deberán responder en la justicia y con sus propios bienes por ese hecho”.
“Por los últimos 3 meses en paz. Basta de abusos, basta de mentiras” cierra el posteo que Gallardo compartió en sus redes sociales, y cuyo contenido se reproduce, textual, a continuación.
San Luis necesita un GOBIERNO Y LEGISLADORES RESPONSABLES
La media sanción al proyecto de Ley que ayer le dio el Senado al Ejecutivo Provincial, NO tiene por objetivo contratar a beneficiarios del Plan de Inclusión, se trata de una ley que busca habilitar al Gobernador y a sus ministros a incorporar a SU VOLUNTAD, a cualquier persona al estado, sin ningún tipo de límites, controles, ni restricciones. Con la excusa de querer beneficiar a personas del plan de inclusión social, pretenden aprobar de manera express también en la Cámara de Diputados, una ley que es inconstitucional, llevándose por delante los principios republicanos. Es una ley que le quita al Poder Legislativo la función de CONTROL al Poder Ejecutivo. Esta ley viola el Art. 8 y el Art.92 de la Constitución Provincial, porque no prevé la fuente de financiamiento del gasto. El proyecto que viene con media sanción del senado NO establece la cantidad de máxima de personal a incorporar a la administración pública provincial, a tres meses de que este Gobierno termine su mandato. Es absolutamente comprensible la preocupación de los beneficiarios del plan de inclusión por esta situación, pero tienen que saber que esta Ley es inconstitucional; no les va a dar solución a su situación actual, ni futura y lo que es peor, genera una enorme fragilidad fiscal, que pone en riesgo real el normal funcionamiento del estado, el pago de médicos, de docentes, de policías, de medicamentos, etc. La Ley tampoco soluciona el problema de aquellas personas que ya firmaron contratos en estos meses, porque no tiene efecto retroactivo sino hacia futuro, por lo que esos contratos no son válidos y los funcionarios que los ENGAÑARON Y LOS HICIERON firmar esos contratos cometieron FRAUDE, porque sabían que no tenían el sustento legal correspondiente y deberán responder en la justicia y con sus propios bienes por ese hecho. A mis colegas diputados del oficialismo, les pido RESPONSABILIDAD, que obren responsablemente, como diputados deben representar al pueblo, no salir en defensa de las mentiras, las ilegalidades y los abusos de los funcionarios del ejecutivo provincial. A los colegas Diputados oficialistas les queremos advertir que, de aprobar esta ley, será DECLARADA NULA DE FORMA INMEDIATA POR LA JUSTICIA.
Por los últimos 3 meses en PAZ.
BASTA DE ABUSOS, BASTA DE MENTIRAS
Felicito a nuestros legisladores de avanzar por la lucha q dan en cada sesión