La provincia cerró el ejercicio 2022 con sus números en rojo: -7 mil millones de pesos. Lo advirtió el gobernador electo, Claudio Poggi que reclamó punto final al descontrol de gastos y volvió a pedir por una transición ordenada. La responsabilidad de los funcionarios.
El gobernador electo, Claudio Poggi confirmó que la administración provincial sufre de déficit crónico, por tercer año consecutivo sus números están en rojo -siete mil millones de pesos en 2022-, y mostró su preocupación porque advierte que, de persistir el descontrol gubernamental que se agravó a partir de la derrota electoral del oficialismo el pasado 11 de junio, el estado de la administración provincial al asumir el nuevo gobierno será de una gravedad inédita e insospechada.
Estas ideas fueron presentadas en una conferencia de prensa, luego de una reunión con los diputados y senadores de Cambia San Luis, en la que ratificó que los actuales funcionarios deberán responder con sus patrimonios por aquellos actos ilegales que cometan antes de dejar sus cargos.
Primero ante los legisladores y luego ante la prensa, Poggi detalló los pasos legales que sigue ante la negativa del actual gobernador Alberto Rodríguez Saá de facilitar el intercambio de información de cara al traspaso de mando del próximo 10 de diciembre y explicó su interés en ese proceso.
“El mandato del actual gobierno vence el 9 de diciembre a las 12 de la noche y el nuestro comienza un minuto después. No significa co-gobernar, sino un esquema de transición ordenado donde cuidemos a los sanluiseños, donde no les generemos un trastorno adicional” reclamó el gobernador electo.
En ese contexto resaltó la actitud del gobernador de San Juan, Sergio Uñac que, tras perder la elección este domingo, inmediatamente se comunicó con quien será su sucesor, Marcelo Orrego para invitarlo a comenzar el proceso de transición.
“Primero San Juan” dice esa publicación en las redes sociales de Uñac, que reconoce su derrota, felicita a los ganadores y se pone a “entera disposición para comenzar a trabajar en conjunto en una transición lo más ordenada posible”.
Poggi comparó la decisión de cambio que expresó la sociedad de San Juan con la de la sociedad de San Luis, y dijo que a su grupo de trabajo le “gustaría estar transitando ese camino” pero que no lo están haciendo “no por decisión de nuestra parte, sino por decisión del actual gobierno”. No obstante, dijo que están a tiempo, que aún restar cinco meses y que se puede “llevar una transición ordenada como la ciudadanía merece”.
El déficit crónico.
Del análisis de la cuenta de inversión del año 2022 surge que los números de la administración provincial están en rojo, con un déficit de siete mil millones de pesos. Para maquillar ese desequilibrio, el Gobierno colocó entre sus ingresos la venta de bonos que en realidad son activos que liquidó en su afán de conseguir nuevos recursos.
“¿Por qué es deficitaria?” se preguntó Poggi. “Porque muestra como un recurso, como un ingreso que tuvo el Estado, la venta de los bonos que es un activo, esos bonos ya no existen más” explicó.
“En lugar de tener un superávit de cuatro mil millones de pesos, como dice la cuenta de inversión, tenemos un déficit de siete mil millones de pesos, dado que hubo una venta de títulos de once mil millones de pesos que se consideraron como recursos, pero esos títulos ya no están más” señaló.
La advertencia sobre el estado de las finanzas que encontrará la próxima gestión gubernamental es concreta: “Se están terminando el ahorro por estos días. Los bonos se están liquidando, no hay más reservas. Y el déficit se ha transformado en algo crónico. Estamos gastando más de lo que nos ingresa. Con el agravante de que los funcionarios del gobierno, los que tienen decisión y firma, han salido a hacer contrataciones, nuevas contrataciones, hasta a ellos mismos, como empleados futuros, y están diseñando nuevos llamados licitaciones de obras o adjudicaciones de obras, es decir, comprometiendo ejercicios futuros lo cual es una ilegalidad. Es inconstitucional comprometer, contratar servicios y bienes -más allá de los esenciales- que excedan el mandato del actual gobierno”.
La destrucción de un modelo fiscal.
“El modelo fiscal de San Luis, que San Luis supo tener está destruido. Hoy tan sólo el 12% del presupuesto de San Luis va a obra pública y de ese 12% el 5% lo financia directamente la Nación, o sea el 7% del presupuesto de la provincia son recursos propios, va orientado a obras de infraestructura, vivienda, obra pública… de lo que supo ser el 50 y 50, ¿se acuerdan?” inquirió Poggi, en relación al presupuesto equilibrado entre un 50 por ciento para gastos de capital y un 50 por ciento para gastos corrientes, equilibrio del que se ufanó la administración durante muchos años y que permitió el desarrollo provincial.
“Si esta tendencia de aumentar el gasto indiscriminadamente o comprometer el gasto indiscriminadamente, después del 11 de junio, con acciones nuevas a tonta y a loca, no vamos a pagar los sueldos de diciembre, no vamos a poder pagarlos. Se está perjudicando a los actuales docentes, a los actuales médicos, enfermeros, a los actuales policías, a los actuales empleos públicos de carrera, al sector privado con quien tenemos que generar políticas de estímulo para generar trabajo genuino” advirtió.
“La fuente de trabajo no se discute. Al personal, toda la tranquilidad” ratificó Poggi, “ahora, si un funcionario se emplea a sí mismo, lo sacamos a patadas, ¿sabes cómo, no?. Un funcionario que queda empleado ¿sabes cómo lo sacamos a patadas, no?. Y el funcionario que amplió sus contrataciones, solicitó una obra que no estaba prevista después del 11 de junio es responsable con su patrimonio”.
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