Colaboración especial para DePolítica.
Ocho días después de su fracaso electoral, el gobernador Alberto Rodríguez Saá sigue sin hablar en público y apenas liberó una docena de fotos en sus órganos de prensa: en una mira a la cámara sonriente y desafiante, con un grupo de funcionarios de su gabinete; en otra, rodeado de militares armados en fila, camina pegado al presidente Alberto Fernández en la pista del aeropuerto de San Luis.
Parece que su silencio es proporcional al dolor de la derrota del 11 de junio. O que es un modo de amortiguar el impacto. Si él no la nombra, entonces no existe. Forzado a dar una explicación, en el peor de los casos, podría decir que el resultado en las urnas les cabe nada más que a los candidatos Jorge “Gato” Fernández y Eugenia Catalfamo.
Al Gobernador le quedan menos de seis meses de mandato, lo que explica por qué, después de semejante palo electoral, no muestra señales de cambio en sus políticas. Al contrario, sus movimientos apuntan a profundizarlas hasta el último día.
Tampoco se vislumbra el diseño de una transición ordenada que le permita, por ejemplo, acordar con Claudio Poggi el proyecto de Presupuesto para 2024. Hasta las supuestas fallas en el sistema de expedientes digitales Tramix abren sospechas sobre el futuro acceso a la información más valiosa.
¿Cómo organiza el gobernador Rodríguez Saá sus últimos días de mandato? ¿Su silencio es el presagio de que, lejos de aceptar las nuevas condiciones políticas que impuso el electorado, prefiere un clima político convulsionado?.
A modo de antecedente están sus declaraciones más cercanas. Antes de las elecciones había dicho que, si Poggi ganaba, iba a tener en él a “un opositor”. Sus palabras abren espacio para las especulaciones. Para ser opositor a Poggi, por ejemplo, deberá resolver si seguirá con su vida en alguna de sus casas en la ciudad de San Luis, o en su mansión en las sierras de Estancia Grande, o si va a buscar una banca en el Senado de la Nación.
Si va por esa banca, queda otro interrogante: ¿Va a ser el candidato de Alberto Fernández? Con el Presidente, se sabe, mantiene una alianza ventajosa: la Nación envió más de 300 millones de pesos en Aportes del Tesoro para la campaña que acaba de terminar; además, la ministra de la Mujer en la Nación sigue siendo la puntana Ayelén Mazzina.
Pero resta un antecedente que en la dinámica feroz de la política ahora parece lejano: aquel 13 de enero, día en el que se mostró con el cordobés Juan Schiaretti y que luego derivó en su orden a la senadora Catalfamo para que abandonara el bloque de Cristina Kirchner en el Senado de la Nación.
Poggi podría encontrarse el 10 de diciembre con un Estado provincial vaciado y endeudado. Vaciado por los gastos de campaña, una hemorragia de fondos que no se cierra porque todavía quedan las PASO para los cargos nacionales. Y endeudado, porque las últimas cuentas conocidas de la Provincia reflejan un déficit millonario.
Ese desafío le espera al gobernador electo, que debería leer dos mensajes evidentes que salieron de las urnas: el primero, los puntanos quisieron darle un castigo inolvidable a la gestión actual; el segundo, los votantes esperan un modelo mejor, que saque a San Luis de esta realidad abrumadora de pobreza y desigualdad.
El PJ en ruinas
Al final de su mandato, Alberto Rodríguez Saá deja al peronismo en escombros. En estos últimos cuatro años terminó de deshacer una hegemonía que había durado cuarenta.
El PJ queda desarticulado y nocaut en casi toda la provincia. En especial, en la ciudad de San Luis. La derrota de Sergio Tamayo es -sin dudas- la más dolorosa que sufrió el Gobierno al menos por dos razones fundamentales: la primera, porque la Intendencia era la trinchera imaginada por el albertismo para el caso de una derrota con Poggi. La segunda, porque el nuevo intendente es Gastón Hissa, un peronista de arraigo en los barrios populares y de buena imagen en otras capas sociales más afines al antiperonismo. El discurso de “Poggi es Macri” ya no funciona, pero funciona mucho menos con una figura como Hissa.
Esta clase de detalles abruma a la lógica de la “grieta” que hasta ahora había funcionado en la Provincia. Poggi tuvo una fuerte base de votos antiperonistas, es verdad, pero era imposible que ganara sin el voto del peronismo desilusionado. Además, Poggi proviene del justicialismo. Fue gobernador por el PJ, fue ministro de Adolfo Rodríguez Saá y fue jefe de Gabinete de Alberto. Su vice Ricardo Endeiza lleva un apellido histórico del peronismo de San Luis. El senador provincial por Pueyrredón y actual intendente de La Punta, Martín Olivero, también proviene del peronismo. Ya es muy difícil sostener el discurso de que votar al poggismo significa una traición ideológica a la orgánica del justicialismo.
Más bien, lo que viene ahora es una disyuntiva más profunda: Poggi debe gobernar en una coalición de centro heterogénea, que va de la derecha a la izquierda, y que agrupa a radicales, peronistas y grupos de impronta social como Libres del Sur.
Del otro lado, tendrá un extremo más bien clasista y combativo, con jóvenes -que a esta altura están grandes- de clase media alta, enriquecidos, aburguesados y ansiosos por volver a los negocios que hicieron sin controles durante ocho años en el Estado. Están arropados hasta ahora por el folclore de los dedos en V y las selfies en outfit casual en los barrios populares. Pero desde el llano es más probable que vuelvan a mostrar la lógica de sus clases sociales de origen.
Por eso son válidas las preguntas sobre el futuro del PJ de San Luis. Por ejemplo ¿quién va a comandar ahora el justicialismo de la Capital? ¿Podrán hacerlo Tamayo o Juan Pablo Funes? ¿O lo harán el desgastado Enrique Ponce y la veterana María Angélica Torrontegui? Entre los jóvenes maravillosos sin historia de militancia y la vieja dirigencia equilibrista, al Partido Justicialista le urge una renovación de fondo.
En Villa Mercedes Maxi Frontera consiguió la reelección. Lo hizo pese a los golpes propinados por el núcleo duro de Terrazas del Portezuelo, que iban detrás de la candidatura de Anabela Lucero. Es decir, el intendente está en condiciones inmejorables de sentirse liberado. En el Gobierno están convencidos de que mandó a cortar boletas para favorecer a Poggi. Las encuestas mostraban una disonancia entre el voto a favor de Poggi y las buenas chances de Frontera. Es decir, parte del electorado parecía decidido el corte. Tal vez no hacían falta directivas: esa suerte ya estaba echada.
Dentro de los grandes conglomerados urbanos, Villa de Merlo refleja un cuadro mucho más complejo. Un cuadro peor que los anteriores. El Gobierno, por distintas líneas, había decidido favorecer a tres candidatos que no prometían ganar, pero si una elección digna. Sucedió lo contrario. La ex secretaria de cultura municipal Lucía Miranda, el ex diputado provincial Ricky Chaves y el socialista Mariano Stinga, los tres con apoyo del aparato provincial, apenas juntaron cerca de 2.600 votos, menos de la mitad de lo que consiguió el radical Juan Álvarez Pinto con su sublema, y apenas un tercio de los votos que sumó Poggi como gobernador. Los otros candidatos del peronismo solo juntaron las migas que caían desde la mesa.
A salvo de la debacle quedaron dos dirigentes, aunque por razones distintas. El primero fue Edgar “Gareca” Amaya, que estaba marginado y decidió reunirse con Poggi, foto incluida, tres semanas antes de las elecciones. Así volvió al centro de la escena. El segundo, el concejal Gastón Fonseca, que resistió las presiones oficiales y declinó su chance natural de ser candidato a intendente. De ese modo, quedó a salvo del enchastre de la Ley de Lemas y con apenas 30 años preservó la buena imagen que le dispensan los sectores medios de Merlo, que son fuertes y suelen tomar distancia de la mayoría de los dirigentes peronistas.
El estratega de la derrota
Como todavía retiene el Gobierno, y con el gobierno el poder, y con el poder la hegemonía de la narrativa, hasta ahora nadie le reclama al gobernador Rodríguez Saá su responsabilidad en la derrota. Pero, más tarde o más temprano, ese momento va a llegar. Como estratega y conductor en esta última fase histórica, le queda una mancha imborrable: la mancha de perder el Gobierno. Un hecho inédito desde el retorno de la democracia.
Esta derrota obedece, además, a un hecho que recién ahora empieza a revelar su magnitud: Alberto no sólo echó a su hermano Adolfo del Partido Justicialista, sino que le arrebató en 2019 la chance de ir por un último mandato, al que imaginaba como el cierre natural de su obra que fue la creación del “Modelo San Luis” con el que transformó una provincia pobre en una provincia rica.
Adolfo Rodríguez Saá, después de ser cinco veces gobernador y ahora marginado de toda influencia pública en la Provincia, quería volver a la estructura orgánica del peronismo, pero no le dieron el espacio que pretendía. Así terminó siendo uno de los actores fundamentales de la coalición que le permitió ganar a Poggi. Hasta con la arquitectura de la Ley de Lemas.
Es bastante probable que Poggi no hubiera ganado la elección sin Adolfo. El acuerdo que montaron ensanchó las bases electorales del frente del gobernador electo. También es cierto que Adolfo Rodríguez Saá no es la figura central de ese armado; la figura central es Poggi. Si ambos lo comprenden y respetan la porción que les toca, la legitimidad del nuevo gobierno va a correr muchos menos riesgos.
También es cierto que muchos intendentes electos del poggismo deberían leer que si ganaron fue por efecto del arrastre de la boleta de la gobernación. Si festejaron el domingo 11 de junio, se lo deben a ese arrastre. Un domingo histórico e inolvidable, el primero desde la vuelta de la democracia en el que el gobierno provincial recibió un castigo durísimo en las urnas y perdió el poder. Queda saber por cuántos años.
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