La libertad de prensa, en un banquillo de un juzgado de Sentencia de San Luis

por 1 de agosto de 2020
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En un hecho grave, e inédito en términos de la concreción de un juicio hasta su última instancia, este lunes un periodista puede ser condenado por la Justicia provincial por divulgar en su sitio web un video que circulaba por whatsapp y que mostraba la confesión de una funcionaria luego de fumar marihuana. *

Esa decisión que está en manos de la titular del Juzgado de sentencia de San Luis, Laura Molino puede desequilibrar la balanza en favor de los funcionarios. Ellos, y los gobiernos por naturaleza, prefieren partes de prensa, no revelaciones periodísticas.

En este caso, el del juicio, se trata del periodista y editor del sitio digital www.zbol.com.ar, Diego Masci quien publicó en esa web un video que la entonces ministra de Educación, Natalia Spinuzza había compartido a través de whatsapp, en el que narraba su experiencia luego de fumar marihuana en Amsterdam.  

Si bien la acusación se fundamenta en que se violó la privacidad de Spinuzza porque ese video muestra un momento de su vida íntima, los argumentos de la defensa son muy sólidos y se basan en que la propia Spinuzza admitió que había compartido ese material a través de la red social whatsapp, de donde alguien lo filtró. A las claras, ese grupo de whatsapp no era tan íntimo como Spinuzza imaginaba.

Tampoco Masci hizo algo ilícito para conseguir ese material que circuló a la velocidad de la luz y que reprodujeron numerosos medios nacionales. De hecho Spinuzza habría grabado el video durante su luna de miel a fines de 2017, entonces lo compartió por whatsapp, y Masci lo publicó a mediados de 2018.

Lo que vino después, la enorme trascendencia mediática y la repercusión nacional del caso, no pueden despegarse del interés periodístico por los actos de un funcionario, más aún cuando hacen públicos aspectos de su vida privada y cuando se trata de quien conduce la cartera de Educación, una de las dos áreas más sensibles de cualquier gobierno, junto a Salud.

Pero hay un aspecto en el que vale detenerse al menos por un párrafo. ¿Por qué sólo se lo acusó a Masci por la publicación de ese video y no a la totalidad de los medios de todo el país que lo publicaron?, ¿Si Masci no fuera un hombre de prensa vinculado a Claudio Poggi, la figura política que el oficialismo reconoce como única oposición de cuidado en San Luis, hubiese sido acusado?.

Eso sólo lo sabe Spinuzza, que cuenta con el patrocinio legal del ex presidente del Superior Tribunal de Justicia, Omar Uría. A Masci lo defiende, Ricardo Endeiza, guardián legal del espacio político que lidera el ex gobernador Poggi.

La verdad es que así contado, parece la continuidad de otra batalla política, pero en Tribunales.

La acusación contra Masci es por “Violación de Secretos y Privacidad” y el proceso judicial que tendría sentencia el lunes pasó las instancias previas sin acuerdo en la mediación posible.

Debiera saber Spinuzza que, como decía el presidente de Estados Unidos, Harry Truman, en una frase alguna vez citó la Corte de Justicia de ese país: “la obligación de aguantar el calor del fogón es el precio a pagar por entrar en la cocina”, para referirse a lo menguada que queda la intimidad de la personas una vez que son funcionarios públicos.

A días de la sentencia, se hizo pública una nota de Masci denunciando que “la libertad de expresión, un derecho que nos asiste como ciudadanos, intenta ser declarada letra muerta por el gobierno provincial”.

* Los muy memoriosos sólo recuerdan dos casos de periodistas que fueron detenidos en San Luis: Jaime Emma en 1992 y Eduardo Olivares, en el año 2000, cuando investigaba presuntas irregularidades en el juzgado a cargo de Carlos Varela.

A continuación el texto firmado por el periodista Diego Masci:

El próximo 3 de agosto, a partir de la instancia judicial iniciada en mi contra por Natalia Spinuzza, actual Secretaria de Medio Ambiente del gobierno de la provincia de San Luis que encabeza el gobernador Alberto Rodríguez Saá y ex ministra de Educación, deberé concurrir al Juzgado de Sentencia del poder judicial sanluiseño, para someterme al debate oral, ante el juicio iniciado en mi contra, a partir de una publicación realizada en el sitio www.zbol.com.ar que dirijo.

Si bien la funcionaria del gobierno provincial no pudo precisar la nota en la que fue agraviada – Spinuzza hace referencia a una publicación titulada “La ministra de Educación drogada y borracha” la cual nunca fue publicada por nuestro sitio – la justicia provincial, siempre atenta a los pedidos que llegan desde el ejecutivo provincial, siguió adelante con la causa.

A pesar de que la falta de presentación de la prueba en este caso se constituye como un hecho secundario ante el derecho constitucional de la libertad de expresión, que se están atacando, bien vale recordar que nuestro código de procedimiento establece, como un requisito mínimo la presentación de la misma. El documento nunca fue incorporado.

La nota publicada en el medio de comunicación que dirijo, tiene por título “Apareció un video con la Ministra de Educación de Rodríguez Saá aparentemente drogada” – haciendo clic aquí se puede consultar la publicación – el mismo da cuenta de un video que fue difundido por la propia Spinuzza, quien en ese momento se desempeñaba al frente de la cartera educativa provincial.

Si bien en declaraciones periodísticas efectuadas el lunes 27 de agosto al colega Eduardo Olivares en el programa “Información Sin Ruidos” que se emite por Radio Ciudad, Spinuzza declaró que ella había enviado el video a dos personas de su confianza y que al día siguiente, el gobernador informó que su ministra de educación luego de haberse filmado ella misma, envió el video mediante la utilización de la red social de Whatsapp, a cuatro personas de su confianza. En la denuncia formulada en mi contra, la actual secretaria de Medio Ambiente de la provincia, admite haber compartido enviando por su red social con “un grupo cerrado de WhatsApp integrado por Lucas Spinuzza (hermano), Femanda Spinuzza (hermana), Mercedes Zudaire (amiga), Paola Avalo (amiga), Verónica Fiorito (amiga) y a Daniela Castro (ex jefa de Prensa del Ministerio de Educación), quien fuera desvinculada del cargo en mayo del corriente año y el video fue borrado del teléfono al día siguiente de su grabación” tal como ella admite en su denuncia en tribunales

La misma ex ministra y actual secretaria de estado, refleja en su escrito “Pero en lo que atañe a esta denuncia, el día 24 de agosto, aproximadamente a las 16,30 horas, se difunde el video en cuestión por grupos de Whatsapp de periodistas en San Luis, y a las 17.1O hs. del mismo día se difunde por el Blog ZBOL.COM.AR, de propiedad del denunciado Masci, siendo ese mismo día replicado por El Chorrillero, El Puntano, San Luis Real, Radio Cadena Popular, La Gaceta Digital, entre otros medios locales y, más tarde, por medios Nacionales como América TV, entre otros”

A pesar que la propia funcionaria denunciante reconoce haber enviado ella el video y que el mismo ya era de circulación publica antes de que zbol.com.ar suba la nota al sitio, realiza una denuncia contra el director del medio – en este caso, en mi contra – por Violación de Secretos y Privacidad.

Mas allá del interés periodístico que cada uno pueda darle a la información exhibida, no es un hecho menor que el sitio que dirijo fue hackeado a las dos horas de haber realizado la publicación de la nota que daba cuenta de un video protagonizado por quien tenía, dentro del organigrama del gobierno de la provincia de San Luis, la responsabilidad de dirigir las políticas públicas educativas del estado provincial. La denuncia del hackeo sufrido fue presentada ante el Juzgado Federal de San Luis.

No solo sufrí el hackeo del sitio, el 28 de agosto de 2018, durante el acto de asunción de la nueva ministra de educación, el gobernador de la provincia de San Luis, Alberto Rodríguez Saá, en un acto realizado en el Salón Blanco de Terrazas del Portezuelo, se dirigió hacia mi persona con adjetivación fuertemente descalificadora, para luego recibir fuerte ataques personales de parte de la red de trolls afines al gobierno provincial.

No quedó ahí el ataque a la libertad de expresión. Se pasó a la instancia judicial, acusándoseme de violación de secretos y privacidad por dar cuenta de un material que la misma ministra del gobierno provincial, reconoce haber difundido desde una red social y que la misma, era de libre circulación una hora antes de ser subido a zbol.com.ar

Tendré que acudir a un juicio sin que la funcionaria provincial haya presentado la nota periodística donde expresa que abro juicio de valor sobre su actitud. La nota que ella denuncia no fue presentada porque nunca existió.

Pero si bien, como ya expresé con anterioridad, la falta de presentación de la prueba es un hecho secundario ante los derechos constitucionales que se están atacando. Lo que va a suceder el próximo lunes es claramente un intento del ejecutivo provincial de cercenar el derecho a la libertad de expresión consagrado en la Constitución Nacional (artículos 14 y 32) y es violatoria de todos los pactos internacionales a los que suscribió nuestro país y que cuentan con rango constitucional.

El mensaje intimidatorio que brinda el gobierno de Rodríguez Saá es consecuente con todo lo sucedido. El único ataque informático que ha sufrido el sitio que dirijo, ocurrió el 24 de agosto de 2018, minutos después de publicada la nota. El 28 de agosto de ese mismo año, en el discurso realizado en el Salón Blanco de Casa de Gobierno, el azote público impartido por el primer mandatario provincial a quien se había atrevido a salirse de la línea por él marcada y hoy, la instancia judicial contra quien se atreve a publicar aquello que incomoda al poder.

La libertad de expresión, un derecho que nos asiste como ciudadanos, intenta ser declarada letra muerta por el gobierno provincial

Diego Masci

DNI 22.438.571