[Estamos en WhatsApp. Empieza a seguirnos ahora]
Qué tan naturalizada debe estar la colonización del Poder Judicial que hizo Alberto Rodríguez Saá para asegurarse su impunidad luego de ser desalojado del poder, como para que pocos se escandalicen cuando una jueza del Superior Tribunal le pone “Me encanta” a una publicación política en redes sociales del ex secretario General de la Gobernación, en la que denuncia que es víctima de una opereta judicial y que no tiene miedo de ir preso.
Es tentador pensar que esa reacción, la de la Jueza, es reveladora del sentimiento de impunidad con que se sienten familiarizados algunos de aquellos actores políticos que utilizó Rodríguez Saá.
Si sus vulgaridades quedan en evidencia, así groseramente, es porque no comprenden el cambio cultural que operó en la sociedad. Tienen naturalizado el hacer y decir cualquier cosa.
Por una cuestión de decoro, es decir por la dignidad que supone el cargo que ocupa, Monte Riso no debiera ni debió opinar sobre el argumento de un ex funcionario denunciado en un hecho de corrupción, ni siquiera cuando este es su esposo.
¿Mucho más que una grosería, acaso esa falta de ética no contradice las normas internas de la administración de Justicia?. ¿No configura su opinión pública una presión sobre los jueces inferiores que intervienen en la causa de su esposo?.
Hay que decirlo con claridad: Monte Riso es jueza del Superior Tribunal porque es la esposa del ex secretario General de la Gobernación, que ocupó ese cargo sólo por ser el único amigo del hijo del ex gobernador. Y eso es parte del blindaje que se armó Rodríguez Saá.
Ese amigo del hijo del ex gobernador es el protagonista principal del hecho noticioso de la semana: Miguel “Micky” Berardo, ex secretario general de la Gobernación, imputado en una causa que investiga hechos de corrupción y sobre quien pese una orden judicial que le prohibe salir de la provincia y le ha inhibido bienes.
Esta semana, “Micky”, el editor sin código que verdugueaba y se burlaba desde el ex diario de Rodríguez Saá de dirigentes, periodistas y hasta de familiares, admitió esta semana que tuvo un desmayo, pero negó que fuera por consumo de drogas (dijo: Yo no me drogo), aseguró que no tiene miedo de ir preso y que es víctima de una opereta judicial en su contra.
Nadie puede desconocer el enorme interés periodístico que tiene esa declaración y la reacción en redes de la Jueza, dada la envergadura de ellos como actores políticos en tanto él fue secretario general de la Gobernación y ella es Jueza del Superior Tribunal.
El hecho tiene un condimento especial porque Berardo fue parte de una administración de Gobierno que estuvo signada por escándalos que involucraron a funcionarios y drogas ilegales; y Monte Riso integra un poder que reniega de ser alcanzado por las leyes que rigen al resto de los mortales y le saca el cuerpo a los controles toxicológicos.
La contundente aprobación que tuvo en redes sociales la decisión del gobernador Poggi que a través de un decreto ordenó la obligatoriedad de que los funcionarios provinciales se hagan el llamado narcotest volcó a su favor la posibilidad de que esos controles se establezcan a través de una ley, tal como él mismo lo había pedido en su discurso ante la Asamblea Legislativa el 1° de abril. Y que incluya a los tres poderes.
Esta semana la Cámara de Diputados le dio media sanción a ese texto, antes cajoneado, luego discutido y ya en manos de los Senadores para convertirse en ley. Eso sería en un par de semanas.
La aprobación unánime que tuvo ese proyecto en la Cámara Baja reveló también, una vez más, la falta de conducción que tiene el bloque legislativo que responde a Rodríguez Saá.
Esos diputados pasaron del rechazo cerrado a la aprobación unánime en poco tiempo. Bascularon entre la orden del ex gobernador de oponerse a todo, y la unanimidad de la opinión pública que quiere que todos se hagan controles toxicológicos. La incomodidad se les notó hasta en la postura corporal con que afrontaron el debate.
Es que están sin brújula, y entre ellos crece una inquietud. En particular, entre los legisladores de Pueyrredón que advierten que entran en la cuenta regresiva de sus mandatos sin la seguridad de integrar las listas del año próximo.
Así como vieron que en un abrir y cerrar de ojos pasaron de ser una mayoría que se oponía a todo, a una minoría cada vez más debilitada, ya vislumbran una nueva derrota electoral en 2025, y esta vez no habrá lugares de contención en la administración provincial luego de que Rodríguez Saá perdiera el rumbo, y el gobierno.
***
