Daniel Poder
Festejo doble.
El Gobierno tiene motivos para celebrar. Esta semana dos hechos concretos vinieron a ratificar aspectos del relato que el gobernador Claudio Poggi presenta como distintivos de su gestión: que su gobierno se preocupa de manera particular por el trabajo del sector privado, y que el suyo es un gobierno abierto al diálogo.
La reapertura de la fábrica Dánica en Villa Mercedes y los apoyos legislativos para un conjunto de acciones que marcaron sus primeros pasos en el gobierno se deben leer en esa clave política.
Ese regreso a la rutina laboral es una gran noticia para los trabajadores y sus familiares y es una señal esperanzadora para otros tantos sanluiseños que esperan su oportunidad de tener un trabajo digno.
A la vez es un mensaje que se dispara hacia dos puntas: es la ratificación de la idea del cambio cultural que significó el cambio de gobierno a partir del 10 de diciembre, y también es una advertencia para los dirigentes gremiales: su intransigencia es un cuchillo sin mango que deben manejar con mucho tacto para no lastimarse a sí mismos.
Hay que decir que el Gobierno que se fue no movió un dedo para resolver la situación planteada en torno a Dánica. No hizo nada por nadie, ni por los empresarios, ni por la dirigencia gremial, ni por los trabajadores.
A ese desinterés, le siguió la apuesta de Poggi y su idea de que el trabajo lo genera el sector privado y desde el Estado se lo ayuda. Su intermediación permitió que la fábrica reabriera sus puertas y se recuperen cientos de puestos de trabajo genuino.
El otro logro que en el Gobierno se celebró con puño apretado fue la cosecha de los apoyos legislativos que le permitieron ratificar por ley decisiones de sus primeras horas en ejercicio y que apuntaron al corazón de la herencia: el daño económico y el condicionamiento político.
La declaración de la emergencia económica, financiera, administrativa, social, alimentaria, sanitaria, educativa y de seguridad a nivel provincial, la intervención de la ULP que evitó que esa universidad se convirtiera en una guarida política, y la eliminación de los 53 cargos políticos con sueldos de 800 mil pesos que obsequió el padre de la derrota antes de irse. Todo eso ya tiene aval legislativo, y es fruto de los consensos políticos que el Gobierno ha sabido construir en tiempo exprés.
Civilidad y barbarie.
La participación del diputado Charly Pereira fue de lo mejor que se escuchó esta semana en el recinto, por lo conceptual y por la riqueza de vocabulario que utilizó para expresar una idea que encierra toda una definición del presente tiempo político.
Dijo en forma textual: “Quiero traer a colación que más allá del periodo en que ingresa este decreto para su votación, nosotros nos inscribimos dentro de un funcionamiento de un Estado de derecho que tiene tres poderes: el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Es decir, que si hubo algún legislador o algún ciudadano que se hubiese sentido agraviado por alguna de las materias o temáticas sobre las cuales regla el decreto dictado por el gobernador de la provincia de San Luis, tenía a disposición la instancia judicial para cuestionar esa norma y en todo caso hacer operativa la supremacía constitucional que es la que rige en nuestro Estado de derecho. No se produjo ninguna de estas circunstancias, no la han advertido en todo este tiempo ni en todos estos meses, con lo cual ser juez hoy de la conveniencia y la oportunidad del tratamiento legislativo me parece que tiene que ver con la cuestión nostálgica, privativa de aquellos que gobernaron y que ya no gobiernan más y que hoy en realidad son exponentes de un parque jurásico del albertismo, que está extinto y que viven de esa nostalgia, pero hay que aggionarse a los tiempos nuevos y no tienen autoridad deontológica para darnos consejos sobre cómo gobernar”.
La contracara se vivió en el Concejo Deliberante de calle Colón. La discusión legislativa a partir de un reclamo de la comunidad trans que exigía un pronunciamiento de repudio a los dichos de una funcionaria terminó en un bochorno. Hubo gritos, amenazas y empujones.
Uno mira el video de ese momento y automáticamente piensa en aquella violenta protesta de ATE en las puertas de la Municipalidad de San Luis el 30 de enero pasado.
Razones personales.
La salida del Gabinete del secretario de Actividades Logísticas, Harold Bridger cuya renuncia fue aceptada por el vicegobernador Ricardo Endeiza en ejercicio del Ejecutivo se conoció por medios oficiales.
Ese acto de comunicación ya es todo un cambio, porque esa sencilla práctica de rendir cuentas, de informar, se había perdido hace años. Decenas de funcionarios del anterior gobierno desaparecían y/0 aparecían en acción nuevamente en el Gabinete sin que hubiese una sola línea en los medios oficiales.
El caso emblemático fue el de Miguel “Micky” Berardo, que alternaba como CEO y editorialista del diario familiar, asesor periodístico, asesor político, secretario general de la Gobernación, Jefe de Gabinete, entre otras actividades. Un multi funcionario de relación abierta.
A Bridger su partido -Todos Unidos- le exigió públicamente su salida. Fue una semana de batería de acusaciones ruidosas, mediáticas. No se conocen expedientes judiciales. Luego llegó el silencio. Y entonces apareció la renuncia. En esa nota de despedida argumentó razones estrictamente personales. Agradeció haber sido parte del Gabinete provincial y se llevó el reconocimiento por su labor. Hasta ahí lo oficial.
Ahora llevemos la mirada a Todos Unidos.
Digamos que esas razones, las llamadas “estrictas razones personales” son las que en clave política cumplen con la formalidad esperada, aunque la mayoría de las veces se esgrimen para dejar entredicho algo que no se dice con todas las letras.
Los periodistas sabemos que las comillas le pueden cambiar el sentido a una palabra.
Todos Unidos atraviesa un proceso interno que debilita su músculo político.
Prueba de ello es la partida de los dos últimos candidatos a intendentes de Villa Mercedes que tuvo ese espacio: Quique Cabrera y Harold Bridger.
Se fue también el dirigente que más tiempo presidió el partido, el ex intendente de Potrero de los Funes, Daniel Orlando.
Se fue el nuevo prosecretario legislativo de la Cámara, Cristian Gil; también el ex viceintendente de Villa Mercedes, Oscar Montero, y el histórico dirigente Héctor Omar Torino.
También Miriam Nasif, concejal de Quines, y otros militantes de la primera hora.
Esas fugas se produjeron paulatinamente, más bien en silencio. No así la de uno de los más estrechos colaboradores que tuvo durante años Adolfo Rodríguez Saá: Hugo Murgo, acusado de “graves inconductas partidarias”.
Su salida, que esta página contó oportunamente, tuvo una fuerte repercusión en los medios que tratan asuntos políticos y tuvo su punto más caliente cuando el propio Murgo denunció que “dos compañeras votaron en contra” de su expulsión y puso en duda la “unanimidad” de la decisión de suspenderlo.
Y hasta reclamó públicamente que todos los integrantes de ese espacio fueran a la Justicia porque el partido Todos Unidos le hace firmar las renuncias anticipada a sus dirigentes. “A Sergio Freixes lo tienen condenado porque les hizo firmar a los jueces un papel de renuncia, Todos Unidos nos hizo firmar a nosotros, Adolfo Rodríguez Saá nos hizo firmar a nosotros la renuncia” denunció.
Otra excursión a los indios ranqueles.
Si del lonko Sergio Freixes se trata hay que decir que un nuevo fallo de la Cámara de Casación lo dejó un paso más cerca de la cárcel.
La Sala 4 declaró inadmisibles los recursos extraordinarios que había presentado el ex funcionario provincial condenado por pedirle la renuncia anticipada a los jueces.
Malas horas para el hombre fuerte del sur provincial.
Más, la pensada “Ley Freixes”, sancionada en 2020, y que permitía que los condenados pudieran salir de la cárcel para hacer proyectos productivos en parajes de la provincia, sin control de la Justicia, puede pasar a la historia.
Esto equivale a decir que sin la cobertura de esa ley que pareció redactada con su situación procesal a la vista, y ante un eventual e inapelable fallo adverso el futuro de Freixes es sombrío en serio.
El “Paisano” tiene también en curso varias denuncias iniciadas en la Justicia provincial por su desempeño al frente de la administración de los recursos del pueblo ranquel. Para ello se había hecho designar lonko y manejaba discrecionalmente cientos de millones y bienes del pueblo originario.
En esa aventura lo acompañó otro cacique, el lonko Albert.
Juana Koslay + Villa Mercedes
El intendente de Juana Koslay, Toti Videla recibió esta semana en su despacho a su par de Villa Mercedes, Maxi Frontera.
Los dos intendentes peronistas que gobiernan grandes ciudades de la provincia y que atraviesan sus mejores momentos políticos se mostraron públicamente luego de un encuentro en el que hablaron de las gestiones municipales.
Esa fue la coincidencia que hubo en los partes que dieron a conocer sus equipos de comunicación.
Sin embargo, es imposible no imaginar que en privado hayan deslizado algún comentario de tono político, terreno en el que ambos dirigentes tienen una misma apreciación: reclaman un recambio dirigencial total en el Partido Justicialista (fra-ca-sa-dos, había dicho Toti en alusión a sus actuales autoridades) y quieren que haya elecciones para definir las nuevas autoridades partidarias.
Mientras, Frontera sigue siendo blanco del fuego mediático -en realidad cebitas- que le disparan desde cuentas y páginas web que en su entorno nadie duda tienen una misma fuente de financiamiento e ideológico: la ex diputada Anabela Lucero, involucrada en el escándalo ahora judicial por el vaciamiento de la Casa de la Música.
¿Qué insinuaron burdamente esta semana? Que está lanzando su candidatura a gobernador para enfrentar a Poggi. ¿Qué objetivo persigue esa publicación? Que se rompa la relación institucional que ambos dirigentes mantienen.
Un puntano, máxima autoridad universitaria del país.
El rector de la Universidad Nacional de San Luis, contador Víctor Moriñigo fue electo presidente del Consejo Interuniversitario Nacional, el organismo que nuclea a los rectores de las universidades nacionales de todo el país.
Su elección fue unánime entre los rectores de las 73 universidad nacionales que participaron del 91° plenario que se desarrolló en el Campus Miguelete de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM). Oscar Alpa de la Universidad Nacional de La Pampa, lo acompañará en la vicepresidencia.
Moriñigo se desempeñaba como vicepresidente del CIN, cargo desde el cual gestionó un histórico regreso, luego de 15 años, de un Plenario universitario, en la casa de estudios de San Luis y la realización del Foro de Rectoras y Vicerrectoras de Instituciones Universitarias Públicas (FoReVi) del CIN.
El nuevo presidente del Concejo Interuniversitario Nacional tiene un enorme desafío por liderar: la defensa de la educación pública gratuita en tiempos de recortes a los presupuestos universitarios, de educación y ciencia.
Deberá contruir puentes con las autoridades nacionales para que entiendan que hay solución posible, pero a la vez ayudar a visibilizar la crítica situación presupuestaria que viven las universidades públicas del país. Ese será su trabajo. Promete hacerlo con sus armas: «con diálogo y respeto la solución es siempre posible» dice.
Ruta en la Feria del Libro
El ex juez, Agustín Ruta presentará en la Feria del Libro su trabajo «Paradigmas del Derecho y Tutela Judicial efectiva en el servicio de administración de Justicia – Aspectos filosóficos y jurisdiccionales» en coautoría con Daniel Gustavo Gorra.
El libro «explora los nuevos paradigmas del Derecho moderno, el fenómeno del principalismo judicial y las dificultades prácticas derivadas de la vaguedad del lenguaje jurídico en textos constitucionales».
Gorra es Codirector del Grupo de Investigación Derecho y Lenguaje (UNSL), Ganador del Premio Joven Investigar de la Asociación Argentina de Filosofía del Derecho. Ha publicado artículos entrevistas especializadas de derecho penal y filosofía del derecho.
«Con la indulgencia del lector nos permitimos elegir ciertos temas y materias para desarrollar lo que se analiza en
este libro —que como se anticipó— desde aspectos jurídicos procesales y sustancial con lo filosófico, en el marco del nuevo escenario actual de la ciencia jurídica, sus paradigmas y en pos de la consecución de una tutela judicial efectiva despojada de factores externos a la misión de Administrar Justicia. El objetivo primario es que sea de fácil lectura, un texto ameno, claro y congruente no solo accesible a los profesionales del Derecho. Además de otras cuestiones significativas, la obra presenta y se hace cargo de abordar temas tan importantes como controvertidos con una mirada y enfoque serio y documentado en temas centrales» cuentan desde la contratapa de la publicación que será presentada en el mayor evento literario editorial del país.
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