Esta semana los puntanos no lograron digerir una información que ya eran atragantados con otra cucharada de realidad.
Los escándalos se multiplicaron a la par de cada anuncio que hizo el Gobierno; un gobierno que sale al rescate de la sociedad, a la que descubrió en crisis tras la derrota electoral del pasado 12 de setiembre, luego de dos años estacionado en un área de descanso.
“Hará falta una nueva sección: tribunales punto com” decía un colega esta semana, también agobiado por la cantidad de letra periodística-judicial que dan los políticos puntanos.
Y si no, aquí van algunos:
Uno. “Me pasa por ser bueno”.
Lo que hizo el presidente de la Cámara de Diputados, Juan Carlos Eduardo es indefendible. Fue denunciado judicialmente y quedó escrachado públicamente por darle trabajo a una periodista a cambio de que mes a mes depositara la mitad de su sueldo en una cuenta bancaria a nombre de su hija. Cada audio con revelaciones del caso, lo convierten en más despreciable a los ojos de la sociedad.
Dos. El que le roba a los más pobres.
Facundo Devia, un funcionario municipal de La Toma fue denunciado por al menos seis vecinos, por engañarlos y robarles el dinero de los planes asistenciales que recibían de parte de Nación. Quedó detenido por estafa, y su pareja, concejal en el pueblo, renunció a su banca. El intendente Ernesto Alí salió a despegarse de Devia, y lo desvinculó del Municipio. Las víctimas de Devia no eran cualquiera, eran los más necesitados.
Tres. Piccardo, dame un piquito.
El jefe del subprograma Plan Carne San Luis y gerente de Sol Puntano Carne, Roberto Piccardo D`Andrea fue denunciado por cuatro trabajadoras. En un viaje a Villa Mercedes manoseó, besó a la fuerza y prometió más besos, al resto de las mujeres, según consta en la denuncia policial. Tuvo que estallar el escándalo para que el Gobierno saliera a decir que Piccardo ya había sido despedido. Si pasaba, pasaba.
Cuatro. Yo denuncio, tu denuncias…
Otro paquete de denuncias giran por los medios y la Justicia en estos días.
La saga comenzó con una primera denuncia por la utilización del nombre del frente político Fuerza San Luis en los vacunatorios.
Luego le siguieron:
La denuncia por la entrega de las tarjetas Alimentar en merenderos con identificaciones partidarias, cuyo primer caso testigo fue el de Potrero de los Funes.
El envío de Cartas documento a ministros y secretarios por la creación de cuentas a su nombre en el banco Supervielle para la instrumentación de los llamados “Fondos Rotatorios” o “caja política chica”. También quedó denunciado el banco.
Y la más reciente denuncia a cargo de la Mesa Nacional de Prevención de Delitos Políticos de Juntos por el Cambio, por clientelismo político a partir del uso de fondos rotatorios, por los anticipos de coparticipación a los municipios y la presentación de una medida cautelar para imposibilitar esos movimientos de fondos hasta que pasen las elecciones, el 14 de noviembre próximo.
Esta última presentación -link para descargar- tiene como antecedente, un fallo de la jueza María Servini de Cubría quien en 2019 le prohibió al Gobierno de Mauricio Macri entregarle planes sociales a los desocupados, luego de la derrota en las elecciones PASO y hasta el 27 de octubre, fecha de la elección general de aquel entonces.
