El diario Todo Un País denunció hoy que le fue prohibida la distribución de su edición diaria en papel en el edificio de Tribunales, justo cuando se informa en su portada que un Fiscal denunciado por violencia de género atiende en la Fiscalía de Género, y que cuenta con protección del Procurador General de la Provincia, Luis Martínez.
La denunció se conoció a través de un posteo que hizo la editora de ese diario y que se reproduce a continuación:
A nuestros lectores del Poder Judicial.
Lamentamos que hoy no pudieran recibir la edición papel del diario Todo Un País, por razones ajenas a nuestro servicio de distribución.
Insólitamente nos fue prohibido el ingreso al edificio de Tribunales para entregar el diario en su edición papel, tarea que normalmente podíamos hacer sin ninguna restricción.
Repudiamos este acto de censura que les imposibilita a ustedes informarse con la edición papel del diario Todo Un País, y esperamos que las autoridades del Superior Tribunal de Justicia intercedan frente a este claro atropello a la libertad de prensa, aseguren y garanticen el libre ejercicio de informarse del que goza cada uno de los habitantes de la provincia de San Luis.
Seguiremos informando. Todo Un País.
El diario Todo Un País, el único medio en formato papel con distribución diaria en la provincia de San Luis publicó hoy un informe titulado: «Un fiscal adjunto denunciado por violencia de género atiende casos en la Fiscalía de Género«.
Ese artículo se puede leer a continuación:
Se trata de Fernando Andrés Salas a quien la justicia la impuso una orden de restricción y hasta una tobillera electrónica por una denuncia de su exesposa. El procurador Luis Martínez lo nombró para que trabaje “home office” en esa Fiscalía.
La justicia puntana mantiene en su cargo al fiscal adjunto, Fernando Andrés Salas, sobre quien pesa una denuncia de su exesposa por violencia de género, tiene una orden de restricción y hasta se le ordenó usar una tobillera electrónica. Parece una ironía pero a pesar de esa situación, el hombre cumple funciones en la Fiscalía de Género.
La situación particular en la que se encentra Salas parece tener como aliado clave al jefe de los fiscales, el procurador General, Luis Martínez. De otro modo no se entiende como Martínez no hace respetar el artículo N° 14 de la Ley Orgánica de Administración de Justicia, que establece que “no podrán ser designados magistrados, funcionarios …quienes hubieren sufrido condena o se hallaren procesados por hechos dolosos”.
Lo correcto hubiera sido que el procurador separara del cargo a Salas, lo denunciara y acusara frente al Jurado de Enjuiciamiento. Pero ocurrió todo lo contrario: lo “premió” al encomendarle la atención de la fiscalía de Género, función que cumple esencialmente los fines de semana. Y además le concedió la autorización para trabajar bajo la modalidad “home office” de lo que pueden dar fe el resto de los fiscales. Salas como funcionario ha mantenido, además, una posición dominante sobre la víctima también en la esfera laboral porque la ex esposa forma parte del cuerpo de profesionales del Poder Judicial.
Es decir que un fiscal que está denunciado por violencia de género y hasta tiene una restricción, es quien atiende, curiosamente, casos en la fiscalía de género. Según confían fuente de la propia Justicia Salas ejerce el cargo desde su domicilio sin cumplir horario y se conecta por lo general al mediodía.
Antecedentes
El primer dato que hay que recordar es que Salar formó parte del grupo de fiscales militantes peronistas que al momento de ser designados en 2022 por el entonces gobernador, Alberto Rodríguez Saá se desempeñaban como funcionarios y asesores de su Gobierno y afiliados a su partido. Fueron nombrados sin respetar el mecanismo constitucional y muchos de ellos después de haber sido declarados “no recomendables” por no aprobar los exámenes de evaluación técnica.
El incidente por el que fue denunciado ocurrió en julio de 2023, cuando Salas concurrió a la casa y sometió a la exesposa a un episodio de violencia de género en presencia de las dos hijas. Inclusive amagó con pegarle una piña a la niña más grande, que una vez encerrada en el baño con su hermana, llamó al 911. Así consta en el expediente PEX 367505/23. Al constituirse la Policía en el domicilio, Salas se presentó como autoridad del Poder Judicial.
La jueza resolvió la restricción de acercamiento y de contacto hacia la ex y las niñas. La medida alcanzó también a los suegros y cuñados por el término de seis meses.
Para garantizar la seguridad y el efectivo cumplimiento ordenó la colocación de un dispositivo dual (tobillera electrónica) previsto para casos de violencia de género con nivel de riesgo “alto” o “altísimo”, según el protocolo.
Se le formularon cargos por los delitos de amenazas (cinco hechos) y desobediencia (siete hechos) todo en contexto de violencia de género y en concurso real. Se identificó el ejercicio de violencia psicológica (agresiones verbales, amenazas de muerte, hostigamiento, control, descalificaciones, etc.) y ambiental de manera crónica y con escalada durante la relación matrimonial y una vez concluido el vínculo.
Las hijas también fueron víctimas. Los abogados Omar Uría y Lucas Sosa impulsaron la extinción de la acción penal a cambio de que el fiscal se internara en una clínica para recuperarse.
También ofrecieron que sea monaguillo dos veces al mes en el templo del ex sacerdote Miguel Santurio. En el expediente consta que se sugirió la derivación a un centro de psiquiatría y una licencia laboral porque “no estaba en condiciones de llevar a cabo la demanda cognitiva que requiere su trabajo habitual”. Incluso fue trasladado a Mendoza y se negó a entrar al instituto.
Después de esta incidencia, el profesional que había dictaminado las medidas pidió inmediatamente su desvinculación de la causa.
El último episodio del caso donde Sala está denunciado se vivió el miércoles pasado: la audiencia de control de acusación programada para el miércoles 21 se suspendió porque el fiscal instructor, Maximiliano Bazla Cassina no pudo viajar desde Villa Mercedes. El argumento fue que no disponía de movilidad, por lo que se volvió a programar la audiencia de control de acusación para el miércoles próximo.
Como sea, la causa contra el fiscal Salas deja sobre relieves una serie de aspectos que tienen gravedad institucional además de contradicciones en un Poder Judicial que no goza de la mayor confianza de la sociedad y en este caso parece mirar para otro lado frente a las políticas y acciones vinculadas con la perspectiva de genero y protección de la mujer Otros “incidentes” de la conducta de Salas y que han dejado trascender fuentes judiciales que Salas se arrancó la tobillera dispuesta por la Justicia y además incumple la distancia de la restricción porque suele jugar al futbol cerca de la casa de la ex esposa y las hijas. Se considera además que, de haber prevalecido la perspectiva de género, se hubiesen evitado cuatro hechos de amenazas posteriores a la primera denuncia y siete hechos de incumplimiento a una orden Judicial.
***
