El ministro de Hacienda camina pausadamente en los grandes espacios comunes que comunican su oficina con el resto de los despachos, en el segundo piso del edificio color naranja de Terrazas del Portezuelo.
Faltan cinco minutos para las tres de la tarde. Casi no hay gente a esa hora de un viernes en esa ala del edificio.
Camina. Mientras habla por teléfono lleva papeles de una mesa a otra, se toca los anteojos una y otra vez.
No lo interrumpo. Ya me ha visto y tengo cita. Su secretaria privada y otra empleada lo siguen atentamente con la mirada. Como aguardando una instrucción.
No va a despegar el teléfono de su oído hasta que finalmente corte para pedirme un minuto más de tiempo antes de invitarme a entrar a su oficina para hacer esta entrevista. Le entra una llamada más. Se disculpa.
Está vestido con una camisa celeste, es delgado y el pantalón negro lo hace aún más alto. Tiene cuarenta y ocho años, se llama Néstor Ordoñez, es contador, habla poco, cuando habla lo hace en voz baja, y con una mueca gentil, como de sonrisa.
Tiene mucha experiencia en este ambiente. Sus formas de moverse parecen agregarle aún más.
A los 35 años fue ministro de Hacienda en la primera gobernación de Claudio Poggi. Ocho años después repite en esa responsabilidad. Toda una señal de la confianza que deposita en él el gobernador.
Es la llave de seguridad de las cuentas del Estado provincial.
Me viene a la mente la idea de que voy a hablar con uno de los funcionarios que menos habla. Nadie sabe por qué. Hay en su manera de moverse algo que resulta de mezclar discreción y timidez.
– Vamos, me dice casi como si me preguntara. Ahora sí, ¿un café?, ofrece.
Del sillón de bienvenida a su oficina hay unos pocos pasos. Su despacho es amplio, despojado, iluminado, da a una de las calles que circunvalan Terrazas del Portezuelo. Adentro el aire huele a limpio y ventilado cálidamente. Afuera llovizna, está llegando Santa Rosa.
Antes de sentarse frente al grabador -ahora un teléfono- camina un poco más, con su celular otra vez pegado al oído como si siempre estuviera resolviendo algún expediente de último momento, como si quisiera despejar todo antes de empezar conmigo.
Lo veo y le doy la razón a quienes me habían dicho que es meticuloso, detallista casi hasta la obsesión.
Ya con el café en la mesa empezamos.
Se sienta. ¿Por dónde empezamos? dice con esa mueca de sonrisa que le va a brotar una y otra vez durante la charla. Parece que usa esa mueca para preguntar si uno comprende lo que explica.
Y lo que explica es que el nuevo gobierno heredó un Estado fundido, con gastos superfluos, cuyo déficit fiscal de cinco años fue financiado con fondos extraordinarios de un juicio, que se está haciendo un enorme esfuerzo para comenzar a acomodar las cuentas y darle otro rumbo al Gobierno, y que se podría decir que este es el primer presupuesto para tomar como punto de partida del cambio que experimenta la Provincia.
En otras palabras, este, el presupuesto 2025 que acaba de firmar junto al Gobernador, es un presupuesto equilibrado, es decir que no tiene déficit. Sincerado, porque no introduce gastos corrientes entre los de capital para simular inversiones. Que no prevé endeudamiento para la provincia. Y en el que la mitad del gasto de obra pública fue asignado a la construcción de viviendas.
Esos son los cuatro grandes ejes del armado del Proyecto de Presupuesto 2025 que el Poder Ejecutivo presentó este viernes ante la Legislatura provincial para su tratamiento, conforme lo establece la Constitución provincial al fijar como plazo máximo de presentación el 31 de agosto de cada año.
Y son los trazos que elige él, ministro de Hacienda e Infraestructura Pública, para definir la planificación económica financiera del gobierno de la provincia de San Luis en 2025.
Ahora estoy sentado frente a frente para pedirle detalles de esa carpeta que será motivo de debate en la Legislatura. Y en donde están fijadas cada una de las pautas económicas financieras que regularán el funcionamiento del Estado puntano el año próximo.
Ya no hay más papeles, me advierte. Ahora todo es digital, también en la Legislatura.
Como sea, son números que vale la pena mirar con atención.
Se trata de un presupuesto provincial de un billón ochocientos cuarenta y un mil doscientos catorce millones doscientos ochenta y tres mil ciento noventa y cinco pesos. ($1.841.214.283.195).
La proyección revela una vez más la fuerte dependencia de la provincia con relación a los fondos que envía el Gobierno Nacional. El 78% de los recursos con que funcionará el Estado provincial en 2025 son aportados por la Nación y sólo el 22% son recursos de origen provincial.
Para romper esa sumisión, el gobierno ha fijado metas de cumplimiento progresivo: recuperar el equilibrio fiscal, la independencia económica y revisar la calidad del gasto.
Por caso, el 81% del presupuesto es gastos corrientes y el 19% gastos de capital, un desbalance difícil de resolver y que es fruto de los condicionamientos que dejó la anterior gestión de gobierno inflando el Estado para que explotara.
De esos gastos corrientes el 50% son salarios, los que sumados a los beneficios sociales y a las transferencias automáticas totalizan dos tercios de los gastos. Apenas queda un tercio para el funcionamiento del Estado y la obra pública.
Un punto de suba salarial son 500 millones de pesos.
Para dimensionar lo que significa la masa salarial comprometida en el Presupuesto, o más específico aún, para entender a cuánto equivale un punto de incremento en los sueldos estatales -este viernes los trabajadores cobraron con un 6% de aumento-, hay que decir que cada punto de incremento salarial equivale a 500 millones de pesos. El gobierno dispuso 20 puntos desde agosto a noviembre.
Es decir, que con el equivalente de un punto de aumento salarial el Estado podría incorporar por mes 21 mil chicos para que almuercen en el Programa Alimentario Nutricional Escolar, o construir 10 viviendas, o construir una comisaría más un centro de salud en un barrio, o comprar 14 patrulleros o 3 ambulancias, o comprar 4 equipos de rayos X o 6 ecógrafos de última generación, o construir una red de gas natural para un barrio de más de 200 familias, o subsidiar un mes el transporte público.
Veinte puntos de aumento salarial equivalen a multiplicar por veinte cualquiera de las opciones señaladas.
El déficit era crónico y sistemático.
Mejor que lo cuente Ordoñez.
“La verdad que esta vez el presupuesto es equilibrado realmente. En los años anteriores el presupuesto estaba distorsionado, no reflejaba la realidad y por eso, a fin de año, nos dimos cuenta de que teníamos déficit, un déficit ya de cinco años, por eso es crónico y sistemático… porque se terminaba gastando más de lo que ingresaba y esa diferencia entre desfasaje de recursos y gastos se financiaba con la venta de títulos, que fue un ingreso excepcional que la Provincia cobró por una única vez, producto de un juicio que ganamos” explica Ordoñez.
Tenemos al Estado con una situación fiscal muy frágil.
Esa situación de crisis fue la que sustentó la declaración de emergencia por parte de la nueva administración provincial.
“Las cuentas fiscales no estaban saneadas y estaban desequilibradas. Para el 2025, nosotros proyectamos ya las cuentas equilibradas, recursos y gastos. Y estamos también sincerando todos los números… lo mejor que se puede hacer en estas situaciones es dejar de mentirnos y de mentirle a la sociedad , hay que exponer los números claramente. Este presupuesto, después de 8 años, va a mostrar realmente cuál es la situación fiscal de la provincia» dice.
– ¿Cómo es en la actualidad la ecuación entre ingresos nacionales y provinciales?
En 2024 también estamos teniendo esa relación 80-20. Digamos, para poder revertir esta relación hace falta implementar políticas que tampoco van a tener sus efectos de la noche a la mañana, para estimular y reactivar el sector privado, el sector privado que es generador de trabajo y demás, pero también de riqueza y que también forma parte de la base recaudatoria provincial, que nutre también al Estado.
– Cuando el gobernador Poggi terminó su mandato en el 2015, ¿cuál era la relación de ingresos?
Había más presencia de lo provincial. O sea, en general, un 70-30 está bien, pero en ese momento debíamos estar en 70-30 o 65-35. Era mucho mayor la presencia provincial.
Y en cuanto a los gastos, también hay un fuerte sinceramiento.
El 81% de los gastos son gastos corrientes, o sea, gastos operativos y de funcionamiento, como pagar el salario, la luz, combustibles, papelería. Y el 19% son gastos de capital.
El gasto de capital por excelencia es la obra pública, pero también hay transferencias, por ejemplo, para hacer obras públicas.
Lo mejor que se puede hacer en estas situaciones es dejar de mentirnos y de mentirle a la sociedad, hay que exponer los números claramente.
Lo que pasaba en los últimos años es que, como estaba vigente en su momento la regla de destinar más del 50% del presupuesto a gastos de capital, se empezó a formar la clasificación de gasto de capital de conceptos que realmente no lo eran. Por ejemplo, la limpieza de la maternidad provincial, un gasto de capital. O el subsidio a las escuelas privadas para el pago del salario docente… pero no es así, porque si no, tengo que incorporar como gasto de capital todo el salario que pagamos a los docentes de las escuelas públicas.
– ¿Eso lo entiende usted como un sinceramiento?
Esto es un sinceramiento. Los gastos corrientes son el 81%.
Dentro de los gastos de capital, un poco más de la mitad va destinado a obra pública. La obra pública representa hoy el 11 % total de los gastos.
La mitad de la obra pública la vamos a destinar a viviendas y la otra mitad a terminar las obras que tenemos ahora, a la construcción de salas de tres y jardines maternales y el resto a la conservación y mantenimiento de edificios existentes.
No van a ver en el presupuesto ninguna obra pública nueva de envergadura-más allá de las viviendas-, no hay, no hay porque no hay recursos para solventarla.
Siempre hay muchos requerimientos que son más bien de obras municipales, de aguas cloacas, pero son obras más municipales en la que la Provincia colabora con los municipios, pero son ellos en última instancia los responsables.
La mitad de la inversión en obra pública será para construir viviendas.
Ordoñez cuenta que entre los objetivos planteados está el de recuperar el equilibrio fiscal, aunque en forma gradual. Y que no había otra opción. Porque de persistir el desequilibrio que había, se hubiera llegado inexorablemente a la cesación de pagos.
“Primero, el equilibrio fiscal, que no fue fácil porque los recursos caían en términos reales, los gastos crecían, empezamos a asumir gastos que quizás antes no existían para la provincia, como el subsidio de transporte, además de la inflación que resulta en el precio de los bienes y servicios que el Estado contrata.
Y al equilibrio fiscal también queríamos llegar porque era, digamos, obligatorio, no era una opción no llegar al equilibrio fiscal porque no tenemos más títulos que vender, entonces no había forma de sostener ese equilibrio porque íbamos a entrar en cesación de pagos, claramente.
Lo que sí nos proponemos de manera gradual, no se puede hacer de forma intempestiva, es ir mejorando los indicadores de independencia económica con respecto al Estado Nacional y también ir mejorando la calificación del gasto, que es destinando cada vez más fondos a gastos de capital.
Si no equilibrábamos íbamos a llegar a la cesación de pagos.
El entendimiento de que la inversión en forma ininterrumpida y en sumas importantes de este tipo de gastos sirve para el desarrollo del sector privado, hasta el trabajo y demás, y eso también repercute en el sector público.
El 50% se lo lleva al salario del personal, más todos los gastos por transferencias que realiza el Ejecutivo para pagar salarios, por ejemplo, para pagar salarios de las empresas y sociedades del Estado, para pagar salarios de las escuelas privadas que subvencionamos, o de las escuelas auto-gestionadas, el Poder Judicial cuando se hacen las transferencias, universidades, provinciales. La sumatoria de todos esos conceptos de naturaleza salarial se lleva en el 50% del total. Pero, además también está la coparticipación municipal, que son transferencias automáticas de recursos asignados por ley.
El 50% se va en salarios, otros ocho o nueve puntos se los lleva la coparticipación, y unos siete puntos se los está llevando el Plan de Inclusión Social.
Entonces, ya con sólo esos tres conceptos, salarios, transferencias automáticas y beneficios sociales del Plan de Inclusión, se están llevando dos tercios, dos terceras partes del total de los recursos del año y del mes. O sea, que cada mes, cuando arranca un mes, nosotros arrancamos con dos tercios menos, que ya están comprometidos y asignados para pagar. O sea, que nos queda un tercio para los gastos de funcionamiento del Estado y después de eso nos queda un puchito para obra pública. Esa es la verdad de la estructura del gasto que tiene la provincia hoy.
Con ese tercio, gastos de funcionamiento, medicamentos, combustible para los patrulleros y las ambulancias, los gastos del Hospital Carrillo y todos los Centros de Atención Primaria de la Salud, el pago de energía eléctrica, el Estado tiene que pagar la energía eléctrica de las rutas, de los servicios públicos, de las comisarías. De la misma forma que le subió la luz en la casa hotel, le subió también al Estado y es un gasto significativo, importante. Los subsidios al transporte, transporte interurbano, escolar, en fin.
– ¿Cómo se distribuye todo este gasto?
En función de las cuatro políticas que definió el Gobernador, que son: generar las condiciones para que el sector privado crezca, combatir la inseguridad y el narcotráfico, reconstruir el tejido social y recuperar y fortalecer la institucionalidad. Dentro de esta fragilidad vamos a hacer todos los esfuerzos para poder llevar adelante los cuatro pilares o ejes que nos pusimos como objetivos de este gobierno.
En función de eso, hemos incluido varios programas, muchos ya están implementados y otros son reediciones de otros programas que hicimos en la gestión pasada.
En el primer eje apuntado al sector privado: Mi próximo paso, bolsa de trabajo, Compra San Luis, subsidio de tasas, generación de valor agregado.
En el segundo eje, contra la inseguridad: Ampliar la cobertura de alarmas vecinales, mejorar el sistema de vigilancia, incorporar un sistema de comunicación policial moderno, implementar registros de huellas genéticas, que eso se va a hacer en cabeza del Poder Judicial, pero nosotros lo financiamos, y hay un proyecto de ley de narcotest, que todavía no se trató en la Legislatura, pero nosotros lo vamos a implementar en el Poder Ejecutivo.
En el tercer eje, de reconstrucción del tejido social: vamos a continuar con el Programa Alimentario Nutricional Escolar, vamos a asegurarle a 110 mil chicos el desayuno o merienda, vamos a llegar a los 55.000 alumnos en el almuerzo, vamos a implementar jardines maternales, más salas de tres años, y retomaremos el Plan de Inclusión Educativa.
También aseguramos la Beca al Mérito, un programa de alfabetización que continuaremos y que ya se inició este año, un programa de Matemática Iniciales, van a asumir los directores que ya estaban concursados.
Este presupuesto, después de 8 años, va a mostrar realmente cuál es la situación fiscal de la Provincia.
También y en particular a los beneficiarios del plan de Inclusión, lo que nosotros queremos es que estén mejor. Y lo que queremos también es que ellos tengan la posibilidad de insertarse en forma laboral. Y creemos que la forma de que estén mejor es con más educación y más trabajo, y hablar con honestidad. Nosotros no podemos condenar a que las personas dependan eternamente del Estado, intencionalmente.
Con ese objetivo, ese nuevo cambio de paradigma, pensamos en aumentar mucho los convenios con empresas privadas –de hecho, este año ya se están haciendo– para que incorporen y tengan un empleo formal, la constitución de cooperativas de trabajo entre beneficiarios, que van a prestar servicios al Estado, introducirlos en el emprendedurismo, capacitarlos, darles las herramientas necesarias para que puedan emprender sus negocios, también sacar todo escollo legal para que quien hoy está en el plan pueda trabajar en forma independiente.
Ayudar a la terminalidad educativa, con educación, acceso a conocimiento y trabajo, esa es la forma que tienen esos trabajadores de progresar.
Viviendas: el foco de la obra pública.
Lo inmediato es terminar el plan Progreso y Sueño.
“Vamos a estar construyendo 1.300 casas para las familias que al 10 de diciembre estaban al día con las cuotas de su vivienda y que, por alguna razón, se los dieron de baja, no dejaron de seguir pagando… El Estado tiene que cumplir ese compromiso que había asumido con esas familias y vamos a construir las casas y las vamos a estar entregando incluso el año que viene”.
Nosotros ahora estamos iniciando obras por gestión municipal, porque estas 1.300 viviendas se desparraman en todo el territorio provincial. Mañana estamos firmando con cinco o seis municipios y después tenemos que retomar las obras que venían siendo financiadas por la Nación.
A raíz de un acuerdo que hicimos, las vamos a continuar, pero co-financiándolas porque la Nación claramente no tenía voluntad de continuar con la obra. Así que, sí, en septiembre, más tardar, octubre, queremos que ya están no firmando, sino trabajando.
En el segundo semestre queremos empezar también con un nuevo plan de vivienda, o sea, la parte constructiva, que vamos a llamar Tenemos Futuro.
La construcción de viviendas responde a una demanda y a la oportunidad de reactivar la economía.
Vamos a reeditar el programa Lotes con Servicios o el de Sistema de Auto-construcción. De esta forma vamos a estar llegando a 5.000 viviendas con todos estos programas. Además del plan Escriturá tu Casa, que está vigente, y con el que nos hemos puesto como meta llevar una solución a 5.000 familias. También incluimos renovar el programa Construyendo con tu Pueblo, el programa de fortalecer las ONG, vamos a capacitar los dirigentes de la ONG, vamos a regularizar las ONG y también las vamos a cofinanciar en distintos proyectos sociales que nos presentan.
Además, en el presupuesto no están previstos gastos reservados, explícitamente está señalado que no están previstos gastos reservados, para que no haya duda. Y de esta manera, con todos estos programas y estas políticas, estamos llegando a un 60% de gasto destinándolo a salud, seguridad y educación.
– ¿Los trabajadores de la construcción van a tener en la construcción de vivienda la mayor oferta laboral?
La particularidad del tema de la construcción de viviendas es que dentro de la obra pública es la que mayor mano de obra requiere claramente. Nosotros decidimos ejecutar viviendas, por un lado porque tenemos que dar cumplimiento a una necesidad habitacional, y por otro, porque va a reactivar toda la economía; el dinero de los asalariados se va a volcar a través de la economía provincial, van a ir al supermercado, va a estar acá y eso genera un efecto multiplicador que esperemos que nos ayude a sostener y a reactivar el sector privado.
– ¿Cuál es el estimativo de cuántas fuentes laborales se pueden generar con la construcción de viviendas en el año que viene?
Calculá que a raíz de dos puestos de trabajo directo y dos indirectos por cada vivienda, además de todo el efecto multiplicador que te genera. Nosotros en enero tenemos que tener ya en ejecución 1.300 viviendas así que sí, es una apuesta importante.
– ¿Cómo hizo el Gobierno para fulminar un déficit crónico al término de un año?
Hubo muchas cosas que no pudimos hacer. Son tantos los gastos ordinarios y operativos, sobre todo, que se engrosaron en el segundo semestre del 2023, que nos comprometieron gastos duros, estables y rígidos, que nos dejaron poco margen para la acción. Pero la forma de equilibrarlo, ya que no nos endeudamos, no nos autorizaron, fue relegar y dejar de hacer cosas.
Sin dejar de cumplir funciones esenciales, porque si ustedes ven, las escuelas siguen funcionando, el hospital sigue funcionando, seguridad también. Me hubiera gustado hacer muchísimas más obras públicas, por ejemplo.
– ¿Qué significa en el número global la moratoria que impulsó el Gobierno?
La moratoria que impulsó el Gobierno no va a tener tanto efecto residual para el año que viene, porque mayoritariamente la gente accedió al pago al contado o en pocas cuotas, porque era más beneficioso.
Lo que está previsto de recabar la moratoria va a tener la asignación que establece la moratoria, principalmente afectarlo al Programa Alimentario Nutricional Escolar. Pero más que nada ese programa se está financiando con renta general, no tanto con la moratoria, porque no tiene tanta incidencia en el año que viene.
– ¿Cómo se deben entender los plazos fijos que tiene hoy el Gobierno y que ha sido motivo de crítica, o cuestionamientos?
El Estado siempre tiene fondos o sea este tiene fondos como lo tiene una familia, pero son recursos que ya están destinados para algo, uno cobra, tiene la plata y después va gastando o sea que esa plata ya está afectada, por supuesto que no se gasta todo en forma inmediata, entonces es incluso hasta obligatorio o de buen administrador. Y para preservar los fondos y que no se deprecien con la inflación, sobre todo que había en diciembre en adelante, colocarlos en alguna inversión que preserve el valor, nada más, plazo fijo, bono o lo que fuera, incluso está autorizado por la misma ley de presupuesto todos los años, es algo natural… pero de los 23 mil millones de pesos que era el saldo financiero que tenía la provincia un tercio no era la provincia porque eran fondos de terceros, como gasto de retenciones impositivas, otro tercio era para pagar deuda que quedó y otro tercio eran fondos que estaban afectados como lo que envía Nación para hacer una obra, es decir que sólo se pueden destinar exclusivamente para realizar esa obra. Entonces como esos fondos tenían esos tres destinos y no se prevía la ejecución inmediata, esa plata se puso en plazo fijo, en bono, para preservar su valor.
Son dos cosas: primero no se puede usar y segundo que mientras que no la podés usar, la tenés que preservar… no es contradictorio en sí mismo, son dos cosas distintas.
Pasa en cualquier familia, uno cobra el salario y ese salario ya se lo tiene afectado para alquiler, para el pago de la cuota de la escuela, o salud, o luz… que vos tengas un saldo en la cuenta producto de tu ingreso mensual no quiere decir que eso sea un remanente.
La construcción de viviendas es una política muy importante en el Presupuesto 2025.
Si este tipo de confección de presupuestos que ha formulado el gobierno es la mejor herramienta para enfrentar cualquier contingencia negativa a nivel nacional teniendo en cuenta que por ejemplo la provincia ya no tiene más reservas o títulos, queda en boca de Ordoñez.
“Si no se llega a cumplir estas metas de recaudación vamos a tener que también achicar y relegar alguna política de gasto porque no va a haber fuente para financiarlo, pero dentro de todo esto nosotros presentamos este presupuesto que es racional y lo más cercano a la realidad”.
– ¿Con esta base de este presupuesto ya le permitirá al gobierno para el 2026 poder ampliar o cumplir otros objetivos que se ha propuesto?
Nosotros queremos esta gradualidad de ir mejorando la recaudación provincial e invirtiendo, más para gasto de capital. Este es un presupuesto equilibrado, que no prevé endeudamiento, que tiene en la construcción de viviendas una política importante y hemos hecho una apuesta importante incluso presupuestaria, un sinceramiento de las cuentas públicas en materia de recursos.
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No hay más preguntas de mi parte. Afuera ya espera un fotógrafo para entrar y hacer las fotos que acompañarán esta entrevista. Entonces se pone el saco azul.
Ordoñez vuelve a insistir, en la despedida, con su mueca de sonrisa. Arriesgo, será lo primero que verá esta semana el presidente de la Cámara de Diputados, Alberto Leyes cuando lo vea llegar para presentar formalmente el Presupuesto 2025.
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