“Otra victoria como esta y volveré solo a casa”.
Si el pleito que la jueza Laura Molino inclinó a favor de la ex ministra de Educación, Natalia Spinuzza, se vivió –en estricto lenguaje político- como la continuidad en Tribunales de la batalla inconclusa entre el gobernador Rodríguez Saá y Claudio Poggi a través de una funcionaria y un periodista, esa frase bien podría reseñar el “triunfo de Terrazas”.
Una victoria pírrica. Como aquella que Pirro rey de Epiro cosechó ante los romanos, tácitamente vencedor, pero a un costo tal alto que vaya a saber si valió la pena ganarla. Una victoria que termina siendo desfavorable.
Esa lectura se puede hacer a raíz de las consecuencias que trajo la noticia de la condena a Diego Masci en los diarios y sitios webs de mayor circulación en el país. Y también en las redes sociales en donde se vio una contundente respuesta de la comunidad a favor del ejercicio periodístico sin restricciones, como no podría ser de otra manera. Siendo justos, poco tienen que hacer los funcionarios para ser merecedores de la antipatía popular.
Fopea y Adepa, los dos foros más importantes que nuclean a periodistas y empresas periodísticas emitieron comunicados denunciando persecución política contra el ejercicio del periodismo y la necesidad de la revisión del fallo de Molino en instancias superiores.
Clarín, La Nacion, Perfil, Infobae, La Política Online, los sitios más leídos en Argentina reflejaron el fallo judicial amplificando la preocupación de estos organismos. Una pequeña tormenta perfecta.
Esta semana San Luis volvió a las páginas de los principales diarios nacionales y no por sus buenos indicadores en la lucha contra la pandemia. Sino por un escándalo judicial-periodístico en el que -más allá de lo intimidante que resulta el fallo de la Jueza para el ejercicio periodístico y siguiendo con la lectura política- se victimiza a un hombre cercano a Poggi.
¿Valió la pena llevar este proceso hasta esta instancia?, ¿quién salió más perjudicado?, ¿quién mesura este error político?, ¿entienden de estos costos los jóvenes funcionarios?, ¿acaso ha terminado?.
A continuación, el pronunciamiento de ADEPA, bajo el título:
«Preocupación por el fallo en San Luis contra Diego Masci».
La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) manifiesta su preocupación por el fallo dictado hoy por el Juzgado de Sentencia en lo Penal, Correccional y Contravencional y de Ejecución Penal de San Luis contra el periodista Diego Masci. El director del portal Zbol.com.ar fue considerado “autor material y penalmente responsable del delito de ‘violación de intimidad’ (artículo 155 del Código Penal), por la publicación indebida de una comunicación electrónica, en perjuicio de la actual ministra de Medio Ambiente del Gobierno provincial, Natalia Spinuzza”.
De acuerdo a lo establecido en el fallo, el periodista fue condenado a pagar una multa de 90 mil pesos, más costas y accesorias del proceso. Por otra parte, se dispuso que una vez que quede firme la sentencia, se libre oficio a Google para que proceda a remover de la plataforma de Youtube el video considerado “indebido” y que motivó la condena de Masci, como así también se desindexe a Spinuzza respecto de los eventuales enlaces que puedan exhibir el mencionado video.
Spinuzza había denunciado al periodista por la publicación de un video privado que ella misma había grabado para un grupo de amigos y familiares durante un viaje por Holanda en 2018. En esa época, la funcionaria estaba a cargo del Ministerio de Educación provincial.
El fallo es un grave precedente para la libertad de expresión y para el libre ejercicio de la labor periodística, tarea amparada por la Constitución Nacional y protegida por varios fallos previos a nivel local e internacional, inclusive en hechos donde se consideró la intimidad de las figuras públicas.
Por citar un antecedente en la materia, Adepa recuerda una sentencia de 2011 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a través de la cual se dejó sin efecto la condena civil impuesta por la Justicia argentina a los periodistas Jorge Fontevecchia y Hector D’Amico, de Editorial Perfil, debido a una publicación de 1995 que supuestamente había afectado la vida privada del entonces presidente Carlos Menem.
Adepa considera que la sentencia del tribunal de San Luis debería ser revisada en otras instancias judiciales con base en los criterios y antecedentes nacionales e internacionales, ponderando adecuadamente el derecho a la libertad de expresión, clave para que el debate democrático sea lo más amplio, diverso y vibrante posible.
