Las familias de los trabajadores del Plan de Inclusión fueron destratadas esta semana.
Veinte mil pesos en una economía familiar así de vulnerable como la de un trabajador de un plan social equivale a tal vez diez días de comida, de harina, arroz, pan y fideos para sus hijos.
Por eso, la noticia de que el Gobierno provincial dispusiera abruptamente de que era incompatible que cobrasen el Plan de Inclusión por 20 mil pesos, más el Plan Potenciar Trabajo que les suma 16 mil pesos mensuales, les significó un agujero enorme en sus bolsillos. Además del maltrato de ser notificados de una decisión de tanta importancia para ellos con total arbitrariedad, sin consideración alguna, ni aviso previo.
Esta página reflejó la preocupación y el malestar que generó el despido de cientos de esos trabajadores porque el Gobierno provincial consideró, de un día para otro, al cruzar su base de información con la de ANSeS, que era incompatible que cobrasen los 20 mil pesos mensuales del Plan más los 16 mil pesos que les otorga el programa Potenciar Trabajo que entrega el Gobierno nacional.
Esa decisión, que se conoció en las redes sociales, motivó dos movilizaciones de trabajadores y organizaciones sociales que fueron a reclamar una respuesta.
Finalmente el Gobierno se echó atrás con la decisión luego del encuentro que mantuvieron los dirigentes de las agrupaciones sociales con los funcionarios.
Mejor así, aunque el tema no termina, porque en realidad todo indica que los trabajadores del Plan de Inclusión que reciben un beneficio de Nación, tendrán que optar por uno u otro cuando se la Legislatura apruebe una ley con esa exigencia.
Ahora, en este contexto de un escenario económico y social desastroso en el país y en San Luis hay varios interrogantes que quedan sin respuesta:
¿Los planes provinciales y nacionales eran compatibles durante la elección y ahora no?,
¿La decisión de cortar ese beneficio estaba pensada con anterioridad?,
¿Quién toma una decisión de esta envergadura?, ¿Fue una improvisación?,
¿Los funcionarios estaban informados?,
¿Quién somete a este nivel de desgaste a un funcionario que se ve obligado a volver atrás pero dejar abierta una nueva puerta de conflicto?,
¿Alguien comprende que «juegan» con la desesperación de los sectores más vulnerables y necesitados?,
¿Alguien dimensiona lo que es que el 50 por ciento de los puntanos sean pobres, o que 7 de cada 10 chicos estén en la pobreza?
¿Quién responde con esta responsabilidad?.
