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Argentina se encuentra en una encrucijada energética: posee vastos recursos naturales, como las segundas reservas mundiales de gas de esquisto en Vaca Muerta y una posición destacada en el “triángulo del litio”. Sin embargo, recientes cortes de luz y aumentos tarifarios bajo el gobierno de Javier Milei evidencian una contradicción entre este potencial y la realidad energética del país.
El 6 de marzo de 2025, un apagón en Buenos Aires dejó a más de 600,000 clientes sin electricidad, afectando semáforos, el servicio de metro y otras infraestructuras críticas durante una ola de calor con temperaturas que alcanzaron los 42°C. Este incidente subraya la fragilidad de la red eléctrica argentina, especialmente durante picos de demanda en verano.
A pesar de que la producción diaria de petróleo en Vaca Muerta se ha cuadruplicado en los últimos cinco años, permitiendo reanudar exportaciones a Chile después de 17 años, la falta de inversión en infraestructura limita el pleno aprovechamiento de estos recursos. La paralización de proyectos clave, como la segunda etapa del Gasoducto Néstor Kirchner, restringe la capacidad de transporte y distribución de energía.
Durante el primer año de la administración de Milei, las grandes empresas energéticas han experimentado aumentos significativos en ganancias y cotizaciones bursátiles debido a políticas de desregulación y beneficios impositivos. Sin embargo, estos beneficios contrastan con la situación de los consumidores, que enfrentan aumentos tarifarios y una infraestructura energética deficiente.
Paralelamente, la estrategia comunicacional del gobierno ha generado un blindaje en la critica a las responsabilidades directas o compartidas de un gobierno anti estado que ya lleva un camino recorrido donde cada vez tiene menos credibilidad echarle la culpa al que estuvo antes, en materia energética hay responsabilidades compartidas que debe resolver el que gobierna y debe ser en la urgencia.
Para capitalizar su potencial energético y garantizar un suministro confiable, Argentina necesita una estrategia integral que promueva inversiones en infraestructura, mejore la eficiencia del sistema eléctrico y asegure que los beneficios de los recursos naturales se traduzcan en mejoras tangibles para la población. Además, es esencial garantizar una prensa libre e independiente que pueda informar y fiscalizar las políticas públicas sin restricciones ni presiones.
